Ley de alquileres: luego de que el Gobierno anunció la intención de derogarla, hay cruces políticos por la responsabilidad en su sanción
Las declaraciones de Sergio Massa en contra de la ley de alquileres abrieron paso a una nueva disputa política en torno a las responsabilidades detrás de su sanción. Es que cada vez son menos los defensores de la legislación y luego de que el titular de la Cámara de Diputados sostuvo que la norma “fracasó”, trascendió que ahora evalúa con funcionarios del Gobierno la posibilidad de suspender la legislación vigente por 180 días hasta que se elabore una nueva. Mientras tanto, las acusaciones van de un lado al otro.
El tema de los alquileres se instaló con fuerza durante la campaña electoral, principalmente por declaraciones de candidatos de la oposición que reconocieron que el proyecto impulsado por el entonces diputado nacional Daniel Lipovetsky (Juntos por el Cambio) a fines de 2019 generó una distorsión en el mercado. En un acto por el Día de la Construcción realizado la semana pasada, Massa apuntó contra la ley al asegurar que “terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y, además, generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”.
El propio ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, coincidió con el planteo del titular de la Cámara baja pero sostuvo que no es necesario “derogar la ley sino mejorarla”. “Es como lo plantea Sergio, una ley que fracasó del PRO merece que se vuelva a debatir, pero partiendo de una ley existente”, dijo en diálogo con la radio online FutuRöck.
Para Ferraresi, la ley de alquileres es “uno de los tantos fracasos del PRO, al igual que los créditos UVA”. “Tener una ley nacional de alquileres no es una herramienta viable, sino que cada jurisdicción debería tener su regulación”, sostuvo el ministro. ”En una Argentina tan heterogénea tiene que haber leyes más particulares y otras provinciales, una ley así no se puede aplicar igual en la zona más rica del país que en la más pobre”, insistió el funcionario.
También sostuvo que la norma ”no es peor que lo que había, porque protege al inquilino”, pero dijo que “las leyes se convierten en utilizables cuando la gente se apropia de ellas”. En ese sentido, remarcó que si bien “se estiman más de dos millones de alquileres”, solo “se declararon cerca de 120 mil contratos” en la AFIP desde la sanción de la norma. ”Partimos de un diagnóstico con pocos inquilinos que decidieron registrar el contrato en estas condiciones”, sentenció Ferraresi.
Fuente: La Nación
